El uso, con plenas garantías jurídicas, de los certificados electrónicos  por parte de las Empresas se inicia mediante la firma de un contrato entre la Empresa y la Autoridad Registradora. Queda así establecida la necesaria relación contractual entre ambas entidades para que el uso del certificado electrónico sea avalado por el marco jurídico aplicable.

Este certificado vincula a su suscriptor (sujeto pasivo tributario), unos datos de verificación de firma y confirma su identidad. El suscriptor del mismo será una persona jurídica, entendiendo por tal el conjunto de personas agrupadas que constituye una unidad con finalidad propia, la cual, adquiere, como entidad, capacidad jurídica y de obrar distinta de la de los miembros que la componen.

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